Las siguientes Bases constituyen el marco ideologico en el que se encuadra el plan de Gobierno del Partido ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD DE LA Provincia DE BUENOS AIRES.
Desarrollo economico y empleo.
Reforma politica, rol del Estado y profundizacion de la democracia.
Relaciones internacionales e integracion regional.
Ambiente sustentable.
Justicia y Seguridad.
DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Procuramos la promoción de un desarrollo económico armónico, integrador de la economía urbana, potenciando tanto la actividad industrial como la vinculada la actividad de alta tecnología, de turismo y las de servicios.
Entendemos necesaria la recreación de mecanismos de promoción de ciertas actividades productivas, en particular las generadoras de mayor número y calidad de empleos, privilegiando y alentando a las PYMES.
Promovemos una significativa reforma tributaria, mecanismo que entendemos como necesario para un profundo proceso de redistribución de la riqueza y de ruptura ostensible con el modelo de acumulación económica en beneficio fundamentalmente del capital financiero concentrado establecido desde la segunda mitad de los años 70 en la Argentina.
Esta reforma tributaria – de carácter progresiva – procurará gravar de manera distinta a los contribuyentes con mayor capacidad económica, desalentando al capital ocioso y especulativo.
El empleo debe ser considerado un derecho fundamental en el marco plural y complejo de una sociedad que se desenvuelve en un Estado de Derecho, orientado, más allá de la reproducción de la riqueza y de la producción de bienes y servicios, a la plena satisfacción de las necesidades materiales de los trabajadores. Velando por la seguridad y las normales condiciones del ambiente laboral.
Reforma politica, rol del Estado y profundizacion de la democracia
Mucho ha contribuido a la conformación de una sociedad dual y fragmentada como nunca en nuestra historia de la que apenas estamos emergiendo la falta de respuestas de la política a la entronización del mercado como regulador de la vida social de los argentinos en las últimas décadas.
Cooptación, claudicación, corrupción, frivolidad, perdida de ideales, crisis de representación, posibilismos, voluntarismos, política de gerentes, profesionales y operadores “todo terreno” y otros tantos conceptos posiblemente asociados, junto con otras situaciones de crisis que se evidencian en la representación política a nivel general con la crisis del Estado de Bienestar y las políticas neoliberales constituyeron un cóctel altamente destructivo para minar en buena medida las expectativas que despertó la transición democrática iniciada en 1983.
Una profunda reforma política – y no una ocasional, efectista y gestual – se impone necesaria sin mayores dilaciones. Desarrollar mecanismos para la reforma institucional, revisar las lógicas de la representación política, promover reformas legales a la normativa de partidos políticos, utilizar los mecanismos de democracia semidirecta (arts. 39 y 40 CN), diseñar herramientas tendientes a una mayor participación, transparencia y control de las acciones de los funcionarios públicos y de los partidos políticos, reforma del sistemas electoral, mayor control sobre los financiamientos partidarios, son algunos de los temas obligados en este ámbito.
Pensar sin dogmatismos el rol del Estado es una tarea ardua, a largo plazo, compleja pero no por ello menos apasionante ni debida.
Generar compromisos y responsabilidades jurisdiccionales con reglas claras y con el necesario fortalecimiento institucional, logístico, operativo y económico para cumplirlo, que permita recuperar el rol regulador y orientador del Estado en diversos campos y que abandonen las lógicas de un Estado ausente o direccionado a la defensa y protección de los sectores más concentrados de la economía es una asignatura pendiente para generar un sector público atento y diligente a las demandas ciudadanas y generador de prestaciones públicas eficientes y de calidad.
El Estado debe recuperar un rol planificador de la economía constituyéndose en un actor estratégico del desarrollo económico, social y productivo. Orientando la prestación de servicios públicos con carácter de universalidad.
La profundización y consolidación de la democracia debe generar diversos instrumentos de acercamiento de la democracia a los ciudadanos, promoviendo la implementación de más y mejores mecanismos de participación semidirecta en el ámbito local a la vez que superar la evidente morosidad en la puesta en marcha de los mencionados mecanismos.
Se debe promover una cultura de difusión permanente de los derechos para todos y todas las personas, atravesando las barreras culturales, etarias, de género, de posición económica o social, de nivel de instrucción, etc. y fortaleciendo una cultura jurídica básica y accesible para todas las personas.
No podremos generar una sociedad verdaderamente más justa y democrática si, además de procurar el logro de mayores niveles de calidad material de vida no se avanza en la formación de una conciencia ciudadana, que sitúe a los ciudadanos dentro de las posibilidades del ejercicio efectivo de sus derechos.
Ambiente sustentable
La temática relativa al desarrollo sustentable viene obteniendo una cada vez más significativa trascendencia en las agendas públicas de los gobiernos de nuestra región y del mundo.
Dos de las situaciones más graves que hoy enfrenta la sociedad son: las grandes necesidades de una población creciente y la degradación del ambiente y de los recursos naturales.
El desarrollo sostenible es el mecanismo que plantea integrar el desarrollo económico, el ecológico y el político-social para “ ecologizar la economía y economizar la ecología”; conservar la diversidad biológica; estabilizar el crecimiento desmedido de la población, satisfacer las necesidades no poniendo en riesgo las generaciones futuras; reducir el uso de recursos no renovables , los niveles de producción de basura y los desequilibrios regionales; mejorando la calidad de vida y las prestaciones de bienes y servicios redistribuyendo los medios de producción.
Hechos relacionados con la racional disposición y administración de los recursos naturales, protección de especies animales y vegetales en extinción, aprovechamiento irracional de recursos, búsqueda de maximización de ganancias, innovaciones tecnológicas y productivas, son, entre otros, sucesos que afectan y condicionan las acciones de política pública en estos tópicos.
Amen de ello los cambios climáticos globales, que impactan y seguirán impactando con seguridad en nuestro país y en la región, son otro elemento a tener en cuenta para el análisis.
Asimismo la planificación de las localizaciones productivas requiere de un profundo estudio de impacto que pueda promover y facilitar las actividades comerciales e industriales, a la vez que la consolidación de centros poblacionales que permita desarrollar su vida a las personas sin que se vean afectadas por molestias o perjuicios en su salud físico/ psíquica en razón de las mentadas actividades.
Es necesario preservar las denominadas áreas y especies protegidas, a la vez que desarrollar un intenso proceso de educación y formación ambiental en todos los ámbitos.
Resulta evidente que se debe efectuar un relevamiento o diagnóstico ambiental integral, que permita evaluar, diseñar, ejecutar, encauzar y controlar las políticas públicas desarrolladas en tal sentido.
Relaciones internacionales e integracion regional
Asistimos a un momento particular en nuestra región, con un contexto que presenta, más allá de los complejos procesos de transformación y crisis que se dan al interior de cada Nación, elementos considerablemente diferentes a los que articularon la configuración de las ideas dominantes en la región en la pasada década de los 90.
Entendemos que se evidencia una búsqueda de una integración regional que tenga en cuenta fundamentalmente los intereses de las mayorías populares en nuestros países, más allá de las políticas comerciales.
Resulta notorio el análisis crítico que se realiza en líneas generales en la región respecto de las políticas neoliberales implementadas en las últimas décadas y las terribles consecuencias y costos sociales que derivaron de ello para la vida de nuestros pueblos.
Han emergido importantes liderazgos nacionales, que procuran mayor autonomía de decisiones respecto de EE.UU. y la Unión Europea, a la vez que la implementación de políticas públicas tendientes a mayores niveles de calidad de vida para nuestros pueblos y se encuentran, algunas en ejecución, otras en proyección, diversas iniciativas de integración productiva y de planificación de grandes obras estratégicas para el desarrollo de la infraestructura y la integración territorial de nuestros países.
Asimismo se encuentra en franca expansión un proceso de integración en los niveles subnacionales, sea en los ámbitos provinciales, estaduales, regionales y de ciudades de nuestra región, lo que alentamos en su continuidad y fortalecimiento, a la vez que comprometemos nuestros esfuerzos en dichas acciones.
Justicia y Seguridad
Una de los temas fundamentales que han incrementado su incidencia y visibilidad en la agenda pública y mediática en nuestro país es la temática vinculada con la justicia y la seguridad.
Habiendo transcurrido las primeras décadas posteriores a la transición democrática iniciada en 1983 nos encontramos en la necesidad de dar respuesta a reclamos de una mayor calidad institucional, entre los que las políticas de justicia y seguridad resultan ineludibles.
Uno de los legados más terribles de la dictadura que transformó la estructura política, económica, social y cultural de la Argentina contemporánea, ha sido la desprotección en que se han visto sumidos vastos sectores sociales del país, fundamentalmente los sectores populares, que han visto reducida su participación en la distribución de la riqueza, a la vez que en el goce de derechos fundamentales, entre los cuales acceder a la justicia – pudiendo ser beneficiario de lo que constitucionalmente se denomina acceso a la “tutela judicial efectiva” – a la vez que generándose niveles hasta décadas atrás impensados en materia de inseguridad que, afectando a la sociedad en su conjunto, es sufrida en forma particularmente grave para los sectores de menores recursos.
En función de todo ello es un desafío buscar políticas que resulten inclusivas en materia de seguridad, sobre las personas y la propiedad, y acceso a la justicia que, generando acciones que construyan ciudadanía e integración social, a la vez protejan los derechos de todos, propiciando a la vez los derechos civiles, sociales e individuales, a la vez que los derechos colectivos.
La exclusión notoriamente ampliada en el paso de los últimos treinta años – proceso del cual entendemos que trabajosamente estamos emergiendo – ha ido generando una sociedad dual, en la que, afortunadamente, aún existe una memoria social de una situación distinta, con bajo riesgo de desamparo, que entendemos nos permitirá salir de la falsa disyuntiva que promovería la visión que identifica a la ley con los sectores socialmente incluidos en la distribución de bienes y al delito con los sectores populares excluidos.
Como en el abordaje para la resolución de todos los temas que conforman la agenda pública debemos abandonar las simplificaciones, los reduccionismos y las visiones maniqueas de la realidad, nada distinto podemos decir respecto de los temas en análisis, en temas como los presentes, que deben ser resueltos en un contexto de respeto por los derechos.
Algunas líneas básicas de nuestro ideario en materia de seguridad y justicia guardan estrecha coincidencia con lo esbozado en algunos documentos elaborados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en particular lo indicado en el texto “Más seguridad – Más derechos” , realizado por diversos organismos de derechos humanos, centros de estudios judiciales, centrales sindicales, organizaciones académicas, religiosas y de la sociedad civil en general.
Algunas líneas de trabajo fundamentales en esta materia serían:
Una fuerte política de control de armas y material explosivo.
Abonar las políticas de seguridad con otras políticas públicas que promuevan la inclusión social.
Propiciar mecanismos participativos de resolución de conflictos sobre todo en comunidades y territorios altamente convulsionados.
Evitar el uso desproporcionado e irracional de la fuerza por parte de las agencias públicas de prevención y represión del delito.
Repensar la organización y lógica de las instituciones de seguridad.
Desarticulación de las estructuras de corrupción policiales.
Mayor control de la sociedad civil a las instituciones de seguridad.
Protección de derechos y estándares internacionales de las personas privadas de su libertad.
Propiciar reformas procesales y penales que hagan más efectivos los procesos sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales.
En lo atinente a las acciones en el campo de la justicia es necesario ampliar la mirada más allá de la necesaria eficacia en la investigación, detección, juzgamiento y eventual condena de hechos delictivos, abandonando las estrategias autoritarias y de demagogia punitiva en este campo.
Es necesario recordar una y otra vez que la función central de la justicia es el control de los otros poderes y la protección de los derechos ciudadanos, amen del castigo a las conductas consideradas delictivas, esto último asegurando el derecho de defensa en juicio.
Se debe abandonar la inconsistencia legislativa y la sanción de normas presuntamente salvadoras, que se constituyen muchas veces en meros “parches” demagógicos, contradictorios y cercenadores de derechos y garantías fundamentales.
La articulación de las acciones de las fuerzas de seguridad y de los distintos niveles de gobierno, sean nacional, provinciales y municipales, resultan fundamentales para la planificación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en esta materia.
Desarrollo economico y empleo.
Reforma politica, rol del Estado y profundizacion de la democracia.
Relaciones internacionales e integracion regional.
Ambiente sustentable.
Justicia y Seguridad.
DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Procuramos la promoción de un desarrollo económico armónico, integrador de la economía urbana, potenciando tanto la actividad industrial como la vinculada la actividad de alta tecnología, de turismo y las de servicios.
Entendemos necesaria la recreación de mecanismos de promoción de ciertas actividades productivas, en particular las generadoras de mayor número y calidad de empleos, privilegiando y alentando a las PYMES.
Promovemos una significativa reforma tributaria, mecanismo que entendemos como necesario para un profundo proceso de redistribución de la riqueza y de ruptura ostensible con el modelo de acumulación económica en beneficio fundamentalmente del capital financiero concentrado establecido desde la segunda mitad de los años 70 en la Argentina.
Esta reforma tributaria – de carácter progresiva – procurará gravar de manera distinta a los contribuyentes con mayor capacidad económica, desalentando al capital ocioso y especulativo.
El empleo debe ser considerado un derecho fundamental en el marco plural y complejo de una sociedad que se desenvuelve en un Estado de Derecho, orientado, más allá de la reproducción de la riqueza y de la producción de bienes y servicios, a la plena satisfacción de las necesidades materiales de los trabajadores. Velando por la seguridad y las normales condiciones del ambiente laboral.
Reforma politica, rol del Estado y profundizacion de la democracia
Mucho ha contribuido a la conformación de una sociedad dual y fragmentada como nunca en nuestra historia de la que apenas estamos emergiendo la falta de respuestas de la política a la entronización del mercado como regulador de la vida social de los argentinos en las últimas décadas.
Cooptación, claudicación, corrupción, frivolidad, perdida de ideales, crisis de representación, posibilismos, voluntarismos, política de gerentes, profesionales y operadores “todo terreno” y otros tantos conceptos posiblemente asociados, junto con otras situaciones de crisis que se evidencian en la representación política a nivel general con la crisis del Estado de Bienestar y las políticas neoliberales constituyeron un cóctel altamente destructivo para minar en buena medida las expectativas que despertó la transición democrática iniciada en 1983.
Una profunda reforma política – y no una ocasional, efectista y gestual – se impone necesaria sin mayores dilaciones. Desarrollar mecanismos para la reforma institucional, revisar las lógicas de la representación política, promover reformas legales a la normativa de partidos políticos, utilizar los mecanismos de democracia semidirecta (arts. 39 y 40 CN), diseñar herramientas tendientes a una mayor participación, transparencia y control de las acciones de los funcionarios públicos y de los partidos políticos, reforma del sistemas electoral, mayor control sobre los financiamientos partidarios, son algunos de los temas obligados en este ámbito.
Pensar sin dogmatismos el rol del Estado es una tarea ardua, a largo plazo, compleja pero no por ello menos apasionante ni debida.
Generar compromisos y responsabilidades jurisdiccionales con reglas claras y con el necesario fortalecimiento institucional, logístico, operativo y económico para cumplirlo, que permita recuperar el rol regulador y orientador del Estado en diversos campos y que abandonen las lógicas de un Estado ausente o direccionado a la defensa y protección de los sectores más concentrados de la economía es una asignatura pendiente para generar un sector público atento y diligente a las demandas ciudadanas y generador de prestaciones públicas eficientes y de calidad.
El Estado debe recuperar un rol planificador de la economía constituyéndose en un actor estratégico del desarrollo económico, social y productivo. Orientando la prestación de servicios públicos con carácter de universalidad.
La profundización y consolidación de la democracia debe generar diversos instrumentos de acercamiento de la democracia a los ciudadanos, promoviendo la implementación de más y mejores mecanismos de participación semidirecta en el ámbito local a la vez que superar la evidente morosidad en la puesta en marcha de los mencionados mecanismos.
Se debe promover una cultura de difusión permanente de los derechos para todos y todas las personas, atravesando las barreras culturales, etarias, de género, de posición económica o social, de nivel de instrucción, etc. y fortaleciendo una cultura jurídica básica y accesible para todas las personas.
No podremos generar una sociedad verdaderamente más justa y democrática si, además de procurar el logro de mayores niveles de calidad material de vida no se avanza en la formación de una conciencia ciudadana, que sitúe a los ciudadanos dentro de las posibilidades del ejercicio efectivo de sus derechos.
Ambiente sustentable
La temática relativa al desarrollo sustentable viene obteniendo una cada vez más significativa trascendencia en las agendas públicas de los gobiernos de nuestra región y del mundo.
Dos de las situaciones más graves que hoy enfrenta la sociedad son: las grandes necesidades de una población creciente y la degradación del ambiente y de los recursos naturales.
El desarrollo sostenible es el mecanismo que plantea integrar el desarrollo económico, el ecológico y el político-social para “ ecologizar la economía y economizar la ecología”; conservar la diversidad biológica; estabilizar el crecimiento desmedido de la población, satisfacer las necesidades no poniendo en riesgo las generaciones futuras; reducir el uso de recursos no renovables , los niveles de producción de basura y los desequilibrios regionales; mejorando la calidad de vida y las prestaciones de bienes y servicios redistribuyendo los medios de producción.
Hechos relacionados con la racional disposición y administración de los recursos naturales, protección de especies animales y vegetales en extinción, aprovechamiento irracional de recursos, búsqueda de maximización de ganancias, innovaciones tecnológicas y productivas, son, entre otros, sucesos que afectan y condicionan las acciones de política pública en estos tópicos.
Amen de ello los cambios climáticos globales, que impactan y seguirán impactando con seguridad en nuestro país y en la región, son otro elemento a tener en cuenta para el análisis.
Asimismo la planificación de las localizaciones productivas requiere de un profundo estudio de impacto que pueda promover y facilitar las actividades comerciales e industriales, a la vez que la consolidación de centros poblacionales que permita desarrollar su vida a las personas sin que se vean afectadas por molestias o perjuicios en su salud físico/ psíquica en razón de las mentadas actividades.
Es necesario preservar las denominadas áreas y especies protegidas, a la vez que desarrollar un intenso proceso de educación y formación ambiental en todos los ámbitos.
Resulta evidente que se debe efectuar un relevamiento o diagnóstico ambiental integral, que permita evaluar, diseñar, ejecutar, encauzar y controlar las políticas públicas desarrolladas en tal sentido.
Relaciones internacionales e integracion regional
Asistimos a un momento particular en nuestra región, con un contexto que presenta, más allá de los complejos procesos de transformación y crisis que se dan al interior de cada Nación, elementos considerablemente diferentes a los que articularon la configuración de las ideas dominantes en la región en la pasada década de los 90.
Entendemos que se evidencia una búsqueda de una integración regional que tenga en cuenta fundamentalmente los intereses de las mayorías populares en nuestros países, más allá de las políticas comerciales.
Resulta notorio el análisis crítico que se realiza en líneas generales en la región respecto de las políticas neoliberales implementadas en las últimas décadas y las terribles consecuencias y costos sociales que derivaron de ello para la vida de nuestros pueblos.
Han emergido importantes liderazgos nacionales, que procuran mayor autonomía de decisiones respecto de EE.UU. y la Unión Europea, a la vez que la implementación de políticas públicas tendientes a mayores niveles de calidad de vida para nuestros pueblos y se encuentran, algunas en ejecución, otras en proyección, diversas iniciativas de integración productiva y de planificación de grandes obras estratégicas para el desarrollo de la infraestructura y la integración territorial de nuestros países.
Asimismo se encuentra en franca expansión un proceso de integración en los niveles subnacionales, sea en los ámbitos provinciales, estaduales, regionales y de ciudades de nuestra región, lo que alentamos en su continuidad y fortalecimiento, a la vez que comprometemos nuestros esfuerzos en dichas acciones.
Justicia y Seguridad
Una de los temas fundamentales que han incrementado su incidencia y visibilidad en la agenda pública y mediática en nuestro país es la temática vinculada con la justicia y la seguridad.
Habiendo transcurrido las primeras décadas posteriores a la transición democrática iniciada en 1983 nos encontramos en la necesidad de dar respuesta a reclamos de una mayor calidad institucional, entre los que las políticas de justicia y seguridad resultan ineludibles.
Uno de los legados más terribles de la dictadura que transformó la estructura política, económica, social y cultural de la Argentina contemporánea, ha sido la desprotección en que se han visto sumidos vastos sectores sociales del país, fundamentalmente los sectores populares, que han visto reducida su participación en la distribución de la riqueza, a la vez que en el goce de derechos fundamentales, entre los cuales acceder a la justicia – pudiendo ser beneficiario de lo que constitucionalmente se denomina acceso a la “tutela judicial efectiva” – a la vez que generándose niveles hasta décadas atrás impensados en materia de inseguridad que, afectando a la sociedad en su conjunto, es sufrida en forma particularmente grave para los sectores de menores recursos.
En función de todo ello es un desafío buscar políticas que resulten inclusivas en materia de seguridad, sobre las personas y la propiedad, y acceso a la justicia que, generando acciones que construyan ciudadanía e integración social, a la vez protejan los derechos de todos, propiciando a la vez los derechos civiles, sociales e individuales, a la vez que los derechos colectivos.
La exclusión notoriamente ampliada en el paso de los últimos treinta años – proceso del cual entendemos que trabajosamente estamos emergiendo – ha ido generando una sociedad dual, en la que, afortunadamente, aún existe una memoria social de una situación distinta, con bajo riesgo de desamparo, que entendemos nos permitirá salir de la falsa disyuntiva que promovería la visión que identifica a la ley con los sectores socialmente incluidos en la distribución de bienes y al delito con los sectores populares excluidos.
Como en el abordaje para la resolución de todos los temas que conforman la agenda pública debemos abandonar las simplificaciones, los reduccionismos y las visiones maniqueas de la realidad, nada distinto podemos decir respecto de los temas en análisis, en temas como los presentes, que deben ser resueltos en un contexto de respeto por los derechos.
Algunas líneas básicas de nuestro ideario en materia de seguridad y justicia guardan estrecha coincidencia con lo esbozado en algunos documentos elaborados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en particular lo indicado en el texto “Más seguridad – Más derechos” , realizado por diversos organismos de derechos humanos, centros de estudios judiciales, centrales sindicales, organizaciones académicas, religiosas y de la sociedad civil en general.
Algunas líneas de trabajo fundamentales en esta materia serían:
Una fuerte política de control de armas y material explosivo.
Abonar las políticas de seguridad con otras políticas públicas que promuevan la inclusión social.
Propiciar mecanismos participativos de resolución de conflictos sobre todo en comunidades y territorios altamente convulsionados.
Evitar el uso desproporcionado e irracional de la fuerza por parte de las agencias públicas de prevención y represión del delito.
Repensar la organización y lógica de las instituciones de seguridad.
Desarticulación de las estructuras de corrupción policiales.
Mayor control de la sociedad civil a las instituciones de seguridad.
Protección de derechos y estándares internacionales de las personas privadas de su libertad.
Propiciar reformas procesales y penales que hagan más efectivos los procesos sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales.
En lo atinente a las acciones en el campo de la justicia es necesario ampliar la mirada más allá de la necesaria eficacia en la investigación, detección, juzgamiento y eventual condena de hechos delictivos, abandonando las estrategias autoritarias y de demagogia punitiva en este campo.
Es necesario recordar una y otra vez que la función central de la justicia es el control de los otros poderes y la protección de los derechos ciudadanos, amen del castigo a las conductas consideradas delictivas, esto último asegurando el derecho de defensa en juicio.
Se debe abandonar la inconsistencia legislativa y la sanción de normas presuntamente salvadoras, que se constituyen muchas veces en meros “parches” demagógicos, contradictorios y cercenadores de derechos y garantías fundamentales.
La articulación de las acciones de las fuerzas de seguridad y de los distintos niveles de gobierno, sean nacional, provinciales y municipales, resultan fundamentales para la planificación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en esta materia.
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